ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

En los últimos años España está perdiendo población y más allá de factores coyunturales, se aprecian cada vez más claramente los efectos de una baja natalidad, la disminución del número de jóvenes y un acusado proceso de envejecimiento. Hoy son diez las Comunidades Autónomas con saldo vegetativo negativo y, por primera vez en muchos años, en 2015 ha sido mayor el número de defunciones que el de nacimientos en España.

Las proyecciones demográficas referidas a nuestra Nación plantean un descenso ininterrumpido de población, pronosticándose una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031, que serán más de cinco millones de habitantes perdidos en 2066: más del 11% de la población actual. La dinámica de la fertilidad, esperanza de vida y migraciones hacen prever grandes cambios en la estructura de edades de la población, al tiempo que se producirá un importante descenso de la ratio activos/dependientes.

Los cambios afectan con especial intensidad a algunos territorios, debido a su mayor grado de envejecimiento, ruralidad, dispersión, insularidad, extraterritorialidad y otros factores. Pero los desequilibrios demográficos y territoriales no sólo suponen desafíos en las zonas que pierden población, sino también en las grandes zonas urbanas receptoras, lo que hace que el cambio demográfico afecte a todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

De hecho, los efectos son cada vez más notables desde el punto de vista económico, social y ambiental, tanto a escala europea como nacional, autonómica y local. Es evidente la incidencia del cambio demográfico sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar, fundamentalmente por la presión sobre los sistemas de pensiones, de salud y sobre los servicios sociales de atención a las personas mayores y a las personas dependientes. También repercutirá en el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales y de la propia red de infraestructuras, incidiendo en el desarrollo de los distintos territorios, debido a la tendencia a la concentración de la población en los núcleos urbanos.

La dimensión de este cambio va a demandar la cooperación entre todos los niveles de Gobierno y todas las Administraciones Públicas, incluyendo medidas de apoyo a las familias, mayores oportunidades para los jóvenes, políticas de integración de la población inmigrante y acciones de desarrollo y dinamización del medio rural. Con carácter general, es necesaria una mayor sensibilidad hacia los desafíos demográficos por parte de todas las políticas públicas.

Pero atender a los desafíos demográficos exige también ampliar el concepto de población de referencia. Así, planificar los retos poblacionales de España pasa por incorporar los costes de la población flotante en la provisión de infraestructuras, de las políticas de vivienda y del Estado del Bienestar.

Por ello, el Presidente del Gobierno y los Presidentes de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, reunidos en la Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017,

 ACUERDAN

1.     Impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos.

2.     Elaborar y desarrollar, por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades Locales, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante. 

3.     En dicha Estrategia, que deberá estar aprobada en 2017, habrán de ser consideradas las conclusiones y recomendaciones de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España (creada en el seno de la Comisión de Entidades Locales del Senado), las propuestas y recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio del Senado sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña y, en su momento, las que emanen de la Comisión Especial de Estudio sobre la evolución demográfica cuya creación, también en el Senado, ha sido recientemente acordada y tendrá en cuenta el documento del Foro de las Regiones, elaborado por 8 Comunidades Autónomas, y cuantas otras aportaciones puedan realizar las Comunidades Autónomas.

4.     El Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, en la medida de sus posibilidades, defenderán ante las autoridades de la Unión Europea la necesidad de que las políticas de la Unión tengan en cuenta y den respuesta a los desafíos demográficos, que en la mayoría de los aspectos son comunes a todos los Estados miembros.